El Gobierno de Boris Johnson está convencido de que nunca debió firmar el Protocolo de Irlanda del Norte, el documento anejo al Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE que más costó sacar adelante y que retrasó las negociaciones hasta el último minuto. Downing Street exige ahora a Bruselas, presionado sobre todo por sus aliados unionistas norirlandeses, una revisión drástica del Protocolo, empezando por la retirada de una de sus disposiciones fundamentales: la supervisión judicial de la aplicación del tratado en la región por parte del Tribunal de Justicia de la UE.