Mérida, Yucatán, 26 de agosto de 2019.- Ante el caso sin resolver de 17 personas de la tercera edad que fueron despedidos por el Ayuntamiento de Izamal en 2012, abogados y asesores jurídicos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) denuncian irregularidad en los procesos a cargo del magistrado César Antuña Aguilar como presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, lo que resulta en violación a los derechos humanos y laborales.
Lorelei Sayira Vera López, asesora jurídica de la CROC, indicó que desde que ellos tomaron el caso desde 2014 aproximadamente y que a la fecha no se han obtenido resultados a favor de los extrabajadores que tenían entre 12 y 20 años de antigüedad y que fueron despedidos de manera injustificada.
No obstante, Vera López señaló que, desde hace siete años, todas las resoluciones otorgadas por Antuña Aguilar benefician al Ayuntamiento de Izamal. Cabe señalar que, cuando se suscitaron los despidos, Fermín Sosa Lugo era el presidente municipal en turno, quien en ese entonces tampoco apoyó a los extrabajadores.
Por otra parte, de acuerdo con los años de antigüedad de las personas en sus puestos laborales, les correspondía un finiquito calculado mayor a un millón 400 mil pesos, sin embargo, en mayo de este año, en pláticas con el magistrado Antuña Aguilar se acordó que tres de los 17 extrabajadores fueran finiquitados con una cantidad de 20 mil pesos cada uno, pasando por alto sus derechos laborales y sin hacerles saber que tenían derecho a que el asesor jurídico que lleva el caso estuviera presente.
“En cambio se les dijo que sus casos eran ya asuntos perdidos y que era mejor eso a recibir nada, que si informaban a su asesor, éste después les quitaría dinero, en cambio una vez que estos tres compañeros recibieron los montos, se les solicitó por el jurídico de Izamal, la cantidad de 5 mil por persona, que para dar a la autoridad; no obstante que aun siendo ‘casos perdidos’ los trabajadores tenían el derecho de agotar todo recurso y en este caso, donde no existe segunda instancia, acudir al Juicio de Amparo”, explicó Vera López.
A la fecha se han llevado a cabo cinco juicios reclamatorios en los que ni una de las personas perjudicadas ha tenido una respuesta adecuada, a tal grado que, en dos ocasiones, el Ayuntamiento de Izamal, por conducto de sus representantes, en audiencia pública ofreció la reinstalación de dos de los involucrados, fijándose hora y fecha, pero al llegar el día señalado, representantes de la Junta a las Instalaciones dijeron tener desconocimiento sobre el tema.
Ante esta problemática, los ex trabajadores, quienes desde hace 7 años piden justicia, acudieron este día al Congreso del Estado de Yucatán, así como al Tribunal de los Trabajadores para exigir que sus casos sean resueltos.
Es preciso mencionar quem en el mes de julio, también abogados en materia laboral presentaron denuncias ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con el fin de pedir la destitución de César Antuña Aguilar como presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, ya que ha estado emitiendo laudos en los que absuelve a diversas autoridades a otorgar las pensiones de viudez que les corresponden a los cónyuges de jubilados y pensionados.
