El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey) se encuentra en quiebra inminente. Este Gobierno heredó un organismo mal administrado y con una normatividad fuera de la realidad. La quiebra total se registrará en 2021, poniendo en riesgo las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados.
Administraciones pasadas fueron las que causaron esta situación: Durante la administración 2007-2012, de Ivonne Ortega Pacheco, el adeudo histórico al Instituto fue de 2,081 millones de pesos. Para liquidar esa deuda, el gobierno de Rolando Zapata Bello creó el Fideicomiso de la Reserva de Ucú en diciembre de 2014. Sin embargo, dicha administración, dejó un adeudo de más de 173 millones de pesos por concepto de cuotas vencidas, más intereses moratorios.
Con esta situación, desde el primer día de la presente administración estatal, por instrucciones de titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Vila Dosal, todas las dependencias han implementado políticas de austeridad. Estas medidas han permitido un gasto más eficiente del presupuesto, comenzando con un ahorro de 1,000 millones de pesos.
En particular, en esta administración el Isstey ha ahorrado, de enero a septiembre de este año, más de 272 millones, que representan 56% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado, último de la administración estatal anterior.
Gracias a este esfuerzo fue posible entregarles a pensionados y jubilados un recurso único extraordinario, en solidaridad a las familias de los hombres y mujeres que han trabajado en el servicio público. Este apoyo incluso fue posible en medio del análisis de los retos financieros por los que atraviesa el Instituto.
El pago de ese recurso extraordinario comenzó el 1 de enero de 2019 y concluyó el 30 de octubre de 2019. A partir de este 30 de noviembre, los pensionados y jubilados del Isstey recibirán los montos que se establecen por Ley y que venían recibiendo hasta el 31 de diciembre de 2018, más el aumento correspondiente a la actualización anual. El porcentaje de aumento es mayor al que se ha registrado en años anteriores.
A pesar de los retos financieros por los que atraviesa el instituto, las pensiones y jubilaciones están garantizadas, y todos seguirán recibiendo las cantidades que se especifica en la Ley.
La actual situación del Isstey requiere más acciones. La Ley de las pensiones y jubilaciones de la administración estatal se publicó en 1976, cuando la esperanza de vida de un yucateco era de 61 años. Hoy día, un yucateco promedio vive 74 años. En más de cuatro décadas, sólo se han realizado modificaciones de forma, nunca de fondo. Yucatán, junto con Chiapas y Nayarit, son las únicas entidades del país que no han adaptado sus sistemas de pensiones y sueldos a las nuevas realidades. Si no se toman medidas urgentes y responsables, el Isstey está en peligro de no tener para pagar las pensiones de los jubilados.
